Podría centrar este post en acontecimientos recientes, como la eterna crisis de gobierno en la que vive sumido el Ejecutivo de Pedro Sánchez casi desde el minuto uno (Máxim se fue el día 6), pero realmente hay errores que se cometen una y otra vez por parte de nuestra clase política, independientemente del espectro político al que pertenezcan.
Ya he tratado anteriormente la mala praxis de un equipo de comunicación, en este caso el de la Delegación de Gobierno en Cantabria y unos tweets con faltas de ortografía. Sea cual sea el origen de una crisis de comunicación, unos simples tweets o unas escuchas ilegales, vemos en demasiadas ocasiones que se repiten 'tics' como la improvisación, la dilación en los plazos para salir a responder, las medias verdades, la incapacidad para llevar la iniciativa, en definitiva lo evidente, la falta de una hoja de ruta para pilotar una situación de crisis.
No comunicar nunca puede ser una opción, aunque el no comunicar es ya una forma de comunicar, muy negativa, y te deja totalmente en manos de tus adversarios (políticos) así como de 'la canalla periodística', que ahora con este gobierno hemos descubierto que igual tiene demasiada libertad de expresión (vaya cosas hay que leer). Ese es otro error por cierto, demonizar a los medios de comunicación nunca es una buena estrategia ya que en el mejor de los casos habrá solidaridad de todos los que pertenezcan al mismo espectro editorial que el aludido. Habrá ocasiones en que directamente la profesión se exprese con una sola voz defendiendo al medio o medios atacados, con lo que el problema lejos de minimizarse se hará más grande y tendrá más eco.
Hemos tenido casos muy recientes, que han afectado tanto al PP como al PSOE, en los que se ha intentado parar el primer impacto con medias verdades, la peor opción. Lo es porque en un mundo tan interconectado y con tantos datos a disposición de quien sepa buscarlos, al final la verdad acaba resplandeciendo, y si hemos optado por una media verdad acabaremos quedando como unos completos mentirosos. La técnica se ha repetido hasta la saciedad en cada uno de esos casos que seguro tenemos todos en mente;
- El primer día un titular impactante (el cebo) al que se hace frente con una no respuesta o una respuesta con medias verdades
- El segundo día más datos (la crisis), y empiezan los problemas serios, bien porque se sale con 48 horas de retraso, o bien porque las medias verdades del día anterior quedan en evidencia
- Y ya el tercer día una información que recoge todas las contradicciones con más datos que nos dejan aún más en evidencia. Estamos muertos.
Quizás el único consuelo, si es que lo puede haber después de una crisis de comunicación mal gestionada, es que el consumo de información es tan grande hoy en día que los temas se quedan viejos en apenas tres días (en el mejor de los casos). Es un consuelo pequeño cuando realmente tienes razón y pruebas suficientes para demostrar que lo que se ha dicho de ti no es cierto, pero no has sabido expresarlo. El consuelo es mucho más grande cuando eres culpable y noticias más graves acaban tapando tu escándalo, que de eso también hay.
Precisamente para hacer ese seguimiento y ser notarios de la actualidad están los medios de comunicación. Los buenos, los malos y los regulares, independientemente de su línea editorial. Hoy en día hay quien parece olvidarlo, sin periodismo no hay democracia, y para que haya periodismo la libertad de expresión debe estar protegida y no cuestionada desde los poderes públicos.
Tiene tela que tengamos que recordar estas cosas bien entrado el siglo XXI.
Hay veces que por muy mal que hagas las cosas, por mucho que bordees la ley, y a pesar de que haya luz y taquígrafos dando fe de todo, hay actuaciones que salen prácticamente gratis. Normalmente es algo que sucede mucho en política y muy en especial dentro de las cámaras legislativas, esos lugares donde se decide gran parte de nuestras vidas, la legislación que regula nuestra convivencia.
Sin embargo no es menos cierto que la inmensa mayoría de los ciudadanos ni sabe lo que pasa dentro de los parlamentos, ni está realmente interesado. A ello se une la poca especialización que existe en los medios serios para su cobertura, sobre todo en lugares pequeños como aquí, lo que provoca que muchas veces las cosas se cuenten sin el contexto adecuado (las generalizaciones acarrean injusticias, lo sé). Y como guinda del pastel una clase política que hace de esas lagunas de conocimiento el perfecto caldo de cultivo para enmarañar las cosas con medias verdades. Bueno, hay casos en el que no hace falta. A veces te saltas todos los principios de la buena práctica parlamentaria delante de todo el mundo, y apenas pasa nada, porque a la mayoría de la gente o le da igual o directamente no entiende qué es lo que ha pasado.
Seguimos con el culebrón del SCS, el Servicio Cántabro de Salud, que ha escrito este verano algunos nuevos capítulos que a pesar de su interés, permanecían hasta hace unas horas en la categoría de "inéditos". Sí, había unos informes y unas alegaciones que desde hace meses estamos esperando conocer, especialmente los que vivimos en el microcosmos de la política, con el objetivo de traducir eso al común de los mortales. Sí, al final esto se trata de trasladar a la opinión pública que hay cosas que se han hecho mal, que alguno se lo ha llevado calentito, y todo ello con la mirada esquiva de Revilla, que ejerce de Robin de los Bosques al sur de Campoo, pero que cuando anda por la tierruca parece más bien el Príncipe de los Ladrones.
En el último pleno, donde el presidente tuvo que comparecer para hablar del SCS, se subió a la tribuna esgrimiendo un informe de Intervención, que llevábamos meses esperando conocer, y que tal y como reconoció él mismo estaba en su poder desde la semana pasada. Es decir, llegaba al debate contando con información privilegiada (él y algunos diputados que sostienen a su Gobierno), mientras que entre las filas de la oposición se contaba con el arsenal ya conocido, la ristra de irregularidades que se vienen denunciando desde el mes de abril y que ya se han llevado por delante a dos altos cargos del SCS.
El pleno fue el lunes 17 a las 16:00. El informe ha llegado al Parlamento ayer martes 18 , a las 13:48, pero Revilla ya no tendrá que subir a la tribuna a explicar algunas cosas muy interesantes que poco a poco iremos conociendo (son más de 300 páginas). Estas trampas son una falta de respeto al Parlamento y a los representantes de los ciudadanos, los diputados, aunque no es menos cierto que esta trifulca parlamentaria poco importa fuera de estos muros de San Rafael. Esto sale gratis.
Posiblemente lo que cuenta el informe, no.
Estamos a punto de iniciar el curso político en Cantabria. Oficialmente la fecha está fijada en el primero de septiembre, pero aquí hasta que no pasa la Bien Aparecida no se inician los plenos, una costumbre no escrita que se mantiene desde tiempo inmemorial.
Pero todo llega, y el próximo 17 de diciembre tendrá lugar el primer pleno del penúltimo periodo de sesiones de esta IX legislatura. Después parón navideño, y a continuación el último periodo de sesiones que además será reducido ya que a finales de marzo se disolverá el Parlamento para la convocatoria electoral de mayo.
Uno de los asuntos de mayor relevancia, si no el que más, es el escándalo de las contrataciones en el Servicio Cántabro de Salud (SCS), que aunque revelado por una funcionaria a la consejera de Sanidad en febrero de este año, no ha salido al a luz pública hasta el pasado mes de abril. No voy a profundizar en el debate público que todo esto ha generado porque hay mucho escrito al respecto y las posiciones están bastante claras. La oposición quiere saber y el Gobierno de Cantabria ha hecho todo lo posible por tapar, aunque no ha podido evitar dos dimisiones de altos cargos del SCS. Algo tendrá el agua cuando la bendicen.
Sin embargo el frente común de la oposición anda un poco quebrado últimamente, ya que a Podemos se le ha ocurrido montar una comisión de investigación sobre el SCS, tanto de la actual legislatura como de la anterior. Esto, enunciado así, genera las primeras dudas cuando analizamos lo que queda de legislatura parlamentaria, apenas 5 meses. Cogiendo sin ir más lejos la comisión de Ecomasa que ha tenido lugar esta legislatura, y en la que hubo consenso general para su puesta en marcha, lo cierto es que ha tardado, nada más y nada menos, que casi tres años en sustanciarse desde que se aprobó llevarla a cabo hasta que se debatieron en pleno sus conclusiones.
Por ello, de entrada, la propuesta de Podemos es cuando menos endeble en lo que se refiere al marco temporal para desarrollar esta supuesta investigación. Si rascamos un poco más nos encontramos con otra circunstancia cuando menos curiosa, y es que el escrutinio de esas contrataciones, tanto las de la anterior legislatura como las de la actual, es una labor que realiza tanto la Intervención General de la Comunidad Autónoma como el Tribunal de Cuentas, y en el caso del periodo 2011-2105 ya está todo el pescado vendido.
Yendo aún más allá, llegamos a otra cuestión que creo que no es menor. Estamos hablando del análisis de contrataciones que abarcan un espacio temporal de ocho años, de miles de millones de euros, que tendrán que ser escudriñadas por... ¿los diputados? Porque esto es de lo que va la propuesta de Podemos, convertir a nuestras señorías en auditores por un día (o por unos meses), a lo que se puede objetar que "no, serán nuestros asesores". Y yo me pregunto si esos supuestos asesores tienen más conocimiento de contratación pública que toda una Intervención General de la Comunidad Autónoma.
Nuestros diputados no son superhéroes. Ni disponen del tiempo (llegan en breve los presupuestos y toda su tramitación para finales de año), ni por supuesto disponen de los conocimientos, ni tan siquiera disponen (que no les cuenten milongas) del personal suficientemente preparado para auditar esa cantidad de información.
Otra cosa es que los pactos que hoy en día permiten tener a Sánchez en la Moncloa se extrapolen a otros ámbitos, y los que en Cantabria no hace mucho se tenían algo más de recelo, hoy están dispuestos a colaborar en tapar un asunto que, a día de hoy, se ha cobrado dos dimisiones y tiene a la Fiscalía de Cantabria olisqueando las contrataciones del SCS.
Las contrataciones de la actual legislatura. Por algo será.
