No son superhéroes

Estamos a punto de iniciar el curso político en Cantabria. Oficialmente la fecha está fijada en el primero de septiembre, pero aquí hasta que no pasa la Bien Aparecida no se inician los plenos, una costumbre no escrita que se mantiene desde tiempo inmemorial.

Pero todo llega, y el próximo 17 de diciembre tendrá lugar el primer pleno del penúltimo periodo de sesiones de esta IX legislatura. Después parón navideño, y a continuación el último periodo de sesiones que además será reducido ya que a finales de marzo se disolverá el Parlamento para la convocatoria electoral de mayo.

Uno de los asuntos de mayor relevancia, si no el que más, es el escándalo de las contrataciones en el Servicio Cántabro de Salud (SCS), que aunque revelado por una funcionaria a la consejera de Sanidad en febrero de este año, no ha salido al a luz pública hasta el pasado mes de abril. No voy a profundizar en el debate público que todo esto ha generado porque hay mucho escrito al respecto y las posiciones están bastante claras. La oposición quiere saber y el Gobierno de Cantabria ha hecho todo lo posible por tapar, aunque no ha podido evitar dos dimisiones de altos cargos del SCS. Algo tendrá el agua cuando la bendicen.

Sin embargo el frente común de la oposición anda un poco quebrado últimamente, ya que a Podemos se le ha ocurrido montar una comisión de investigación sobre el SCS, tanto de la actual legislatura como de la anterior. Esto, enunciado así, genera las primeras dudas cuando analizamos lo que queda de legislatura parlamentaria, apenas 5 meses. Cogiendo sin ir más lejos la comisión de Ecomasa que ha tenido lugar esta legislatura, y en la que hubo consenso general para su puesta en marcha, lo cierto es que ha tardado, nada más y nada menos, que casi tres años en sustanciarse desde que se aprobó llevarla a cabo hasta que se debatieron en pleno sus conclusiones.

Por ello, de entrada, la propuesta de Podemos es cuando menos endeble en lo que se refiere al marco temporal para desarrollar esta supuesta investigación. Si rascamos un poco más nos encontramos con otra circunstancia cuando menos curiosa, y es que el escrutinio de esas contrataciones, tanto las de la anterior legislatura como las de la actual, es una labor que realiza tanto la Intervención General de la Comunidad Autónoma como el Tribunal de Cuentas, y en el caso del periodo 2011-2105 ya está todo el pescado vendido.

Yendo aún más allá, llegamos a otra cuestión que creo que no es menor. Estamos hablando del análisis de contrataciones que abarcan un espacio temporal de ocho años, de miles de millones de euros, que tendrán que ser escudriñadas por... ¿los diputados? Porque esto es de lo que va la propuesta de Podemos, convertir a nuestras señorías en auditores por un día (o por unos meses), a lo que se puede objetar que "no, serán nuestros asesores". Y yo me pregunto si esos supuestos asesores tienen más conocimiento de contratación pública que toda una Intervención General de la Comunidad Autónoma.

Nuestros diputados no son superhéroes. Ni disponen del tiempo (llegan en breve los presupuestos y toda su tramitación para finales de año), ni por supuesto disponen de los conocimientos, ni tan siquiera disponen (que no les cuenten milongas) del personal suficientemente preparado para auditar esa cantidad de información. 

Otra cosa es que los pactos que hoy en día permiten tener a Sánchez en la Moncloa se extrapolen a otros ámbitos, y los que en Cantabria no hace mucho se tenían algo más de recelo, hoy están dispuestos a colaborar en tapar un asunto que, a día de hoy, se ha cobrado dos dimisiones y tiene a la Fiscalía de Cantabria olisqueando las contrataciones del SCS. 

Las contrataciones de la actual legislatura. Por algo será.